La Policía Nacional ha impedido el primer intento de compraventa de órganos en España, en una operación con cinco detenidos en la Comunidad Valenciana por ofrecer a nueve inmigrantes hasta 40.000 euros a cambio de parte de su hígado, que iba a ser trasplantado a un ciudadano libanés que está entre los arrestados
MADRID/EFE MIÉRCOLES 12.03.2014
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó (i), y el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz (d), durante la rueda de prensa en la que explicaron la operación policial que ha impedido el primer intento de compraventa de órganos en España. EFE/J. L. PinoEl director general de la Policía, Ignacio Cosidó, acompañado por el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, y la inspectora jefe de Policía Judicial de Valencia, Ester Maldonado, han dado cuenta de los detalles de la operación.
“Se trata de la primera operación relacionada con tráfico ilegal de órganos en España, un delito prácticamente nulo en nuestro país”, ha destacado Cosidó, que ha reiterado el compromiso de la Policía contra este tipo de fraudes a los ciudadanos, al sistema sanitario español y contra el turismo sanitario penado con hasta 12 años de prisión.
Cosidó ha explicado que fue una denuncia de una ONG de ayudas a inmigrantes la que inició las pesquisas policiales en junio de 2013. En ella informaba a la Policía de que una mujer, una ciudadana argelina de 28 años y en situación irregular, le había confesado que le habían ofrecido una suma importante de dinero a cambio de una parte de su hígado.
La mujer incluso llegó a hacerse todas las pruebas en una clínica costeadas por el receptor, aunque finalmente fue descartada al descubrir que estaba embarazada y, por tanto, no podía someterse a ninguna operación.
Como ella, otros ocho inmigrantes habían sido captados por el ciudadano libanés, alcalde en una ciudad de ese país, de 61 años y con una grave enfermedad hepática, en connivencia con cuatro ciudadanos más, dos de origen palestino y dos del Líbano, todos residentes en España.
Los nueve inmigrantes, siete de ellos en situación en irregular, se hicieron las pruebas en una clínica privada. Unas pruebas muy específicas como resonancias abdominales, TAC, volumetrías hepáticas, cuyo importe total, unos 12.000 euros, fue facturado a una empresa radicada en Alicante propiedad de dos de los detenidos.
“Acudían a esta clínica mediante el subterfugio y la excusa de los intermediarios, que les hacían pasar las pruebas como turistas que venían a España a hacerse determinados análisis médicos”, ha indicado la inspectora jefe.
Solo uno de los posibles donantes superó los análisis. Un ciudadano rumano que sí llegó al hospital Clínico de Barcelona donde se practicaría la operación, aunque antes debía someterse a los controles propios del sistema de trasplantes.
España no es inmune al tráfico de órganos
El director de la ONT ha explicado que el centro hospitalario descartó la donación, solo viable en España entre vivos cuando se trata de familiares o muy allegados y tras comprobar que no existen indicios de lucro en la donación ni coacción.
El ciudadano libanés finalmente fue operado en agosto pero el donante fue su hijo. El control sobre este trasplante y la comprobación de que meses antes existía una denuncia y de que el ciudadano rumano intentó también donar a este paciente su hígado llevó a los investigadores a atar los cabos y concluir que detrás había existido un intento real de trasplante ilegal.
“El sistema de controles ha funcionado”, ha destacado Matesanz, que, no obstante, ha alertado del peligro “emergente” del tráfico ilegal de órganos, del que ha dicho que ningún país es “inmune”.
De todas formas, el director de la ONT ha asegurado que este caso es el único que se ha producido hasta la fecha en España, donde sí existen anuncios de ofertas de compraventa de órganos que esconden un fraude y no una operación real de tráfico ilegal.
Los trasplantados piden transparencia
La Asociación Española de Trasplantados ha denunciado hoy la “opacidad” de las listas de espera para los propios pacientes que esperan acceder a un órgano.
Los trasplantados han exigido, en un comunicado, la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Trasplantes, así como una ley que regule el fomento de la donación.
La asociación ha pedido también el acceso a las listas de espera de los usuarios de las mismas y una decisión colegiada en la designación de los órganos, además de una certificación sobre los órganos no trasplantados.
Además, los afectados se han brindado para detectar la compra-venta internacional de órganos.
La Policía Nacional ha impedido el primer intento de compraventa de órganos en España, en una operación en la que han sido detenidas cinco personas que llegaban a ofrecer hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos para someterse a trasplantes ilegales de hígado.